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Cuatro mentiras del Gobierno de Daniel Ortega sobre la covid-19 en Nicaragua

El manejo oficial de la crisis de covid-19 en Nicaragua, desde que se anunció oficialmente el primer caso de coronavirus en el país, el 18 de marzo de 2020, ha estado marcado por el intento de suavizar la imagen de «alerta» a nivel mundial, que contrasta con las medidas tomadas en otros países.

Para tratar de entender porqué Nicaragua, a casi un año de la pandemia en el país, no ha decretado una alerta sanitaria, en CHEQUIALO hemos hecho un recuento de lo que ha sucedido en 2020 con la pandemia. Las razones se concentran en cuatro palabras: omisión, negación, manipulación y falsedad.

Omisión de casos covid-19 exportados

Nicaragua anunció el primer caso de contagio de covid-19 el 18 de marzo de 2020, y entre el 27 de marzo y el 7 de abril de ese año el Ministerio de Salud Pública de Cuba reportó el ingreso de tres personas procedentes de Nicaragua, contagiadas con covid-19.

El primer caso reportado por Cuba fue una mujer 54 años, quien había arribado de Nicaragua a la isla el 16 de marzo, dos días antes de que Nicaragua oficializará el primer caso.

El 4 de abril, se reportó el segundo: «una ciudadana de 38 años, residente en el municipio Habana Vieja, Provincia la Habana, arribó al país el 23 de marzo, procedente de Nicaragua», precisó la información oficial de Cuba.

Un caso más fue reportado el siete de abril: una mujer de 58 años, quien también acababa de regresar procedente de Nicaragua.

Ninguno de esos casos fue mencionado por las autoridades nicaragüenses, ni fueron incluidos en las estadísticas oficiales que para finales de marzo únicamente contabilizaban cuatro casos confirmados, 1 fallecido y 14 sospechosos.

Para inicios de abril el número de casos confirmados en Nicaragua había incrementado a 9, y las autoridades continuaban negando la existencia de «casos exportados».

“No aparece una nicaragüense, saliendo de Nicaragua, siendo portadora del virus, hacia un hermano país”, dijo Daniel Ortega en un discurso el 15 de abril de 2020, intentando zanjar así las críticas en medios independientes.

Negación de transmisión comunitaria

En mayo de 2020, la crisis sanitaria alcanzó su punto más alto en Nicaragua, sin embargo, las autoridades nicaragüenses continuaban –y continúan– negando la transmisión comunitaria del virus, que la misma Organización Panamericana de la Salud (OPS) se encargó alertar a finales de ese mes.

El director de Emergencia en Salud de la OPS, Ciro Ugarte, afirmó que debido al aumento exponencial de contagios, la transmisión comunitaria en Nicaragua era un hecho.

El organismo además externó su preocupación por la falta de transparencia en las estadísticas oficiales que para la tercera semana de ese mes contabilizaban 279 casos confirmados y 17 fallecidos; números que contrastaban con los más de 2,000 contagios y 400 fallecidos que reportaba entonces el independiente Observatorio Ciudadano COVID-19, que monitorea de forma independiente la pandemia a partir de reportes de la población y fuentes médicas.

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Manipulación de datos

Las apreciaciones sobre el manejo amañando de datos oficiales quedó evidenciada a finales de julio de 2020, cuando el grupo Anonymus filtró la base de datos del Ministerio de Salud (MINSA) en la que se mostraban los cifras reales del impacto de la pandemia en el país.

Reportes periodísticos indican que la información fue analizada por el doctor Álvaro Ramírez, exdirector de epidemiologia del MINSA, quien reside en Irlanda.

El análisis de la filtración revela que entre el 18 de marzo y el 24 de julio, las autoridades sanitarias nicaragüenses habían ocultado 6,244 casos positivos de covid-19.

Para esa fecha, según la base de datos, el MINSA había realizado 17,249 pruebas de las cuales 9,683 dieron positivo. Sin embargo, en los reportes públicos de esa fecha solamente se admitían 3,439 casos confirmados, según demostró una publicación del diario digital Confidencial.

BCIE desmiente a ministro de Hacienda

El dos de diciembre, en una comparecencia en el oficialista Canal 4 de televisión, el titular del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Iván Acosta, afirmó que Nicaragua disponía de 107 millones de dólares para la compra de vacunas contra la covid-19. De ese total, dijo, 50 millones serían entregados a través de un préstamo suscrito con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

Un día después, en un encuentro con periodistas del istmo, el presidente ejecutivo del BCIE, Dante Mossi, refutó señalando que el organismo financiero no había recibido ninguna solicitud financiera por parte de Nicaragua.

Otro caso destacado fue la publicación realizada por una radio oficialista en la cual se aseveraba que la Organización Mundial de la Salud (OMS) se había pronunciado contra el «quédate en casa».

Una nota plagada de omisiones por parte de la estación radial, ya que retomó solamente una parte de las declaraciones brindadas por David Nabarro, enviado especial de la OMS a Europa.

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