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Gobierno omite emergencia por covid-19; no decreta un estado así desde 2016

En 2009, cuando la alarma por la aparición de la gripe porcina o H1N1 recorrió el mundo, el Gobierno Daniel Ortega en Nicaragua declaró un Estado de Emergencia Sanitaria. Al cabo de aquel año, la H1N1 había dejado 2,172 casos y 11 fallecidos en el país. Poco más de una década más tarde, con el impacto de la pandemia de covid-19, la actitud del Gobierno .–aún a cargo de Ortega– ha sido diferente.

A casi un año de la llegada del coronavirus a Nicaragua, no hay ningún estado de emergencia o alerta sanitaria, a pesar de que según las cuestionadas estadísticas oficiales se han confirmado 6,509 casos y 174 muertes desde el 18 de marzo de 2020 hasta el pasado dos de marzo de 2021. Mientras, monitoreos independientes y fuentes médicas reportan más del doble de casos y 17 veces más fallecidos.

El Estado de Emergencia y Desastre está definido en las leyes y la Constitución Política de Nicaragua, pero su decreto y aplicación están sujetos a las decisiones del Poder Ejecutivo.

Particularmente, Daniel Ortega ha sido criticado por decretar el Estado de Emergencia de manera antojadiza, contrastando en algunos casos con la opinión de expertos y en otros, sobredimensionando las situaciones y decretándolo cuando aparentemente no lo amerita.

En CHEQUIALO analizamos las declaratorias de alerta, estados de emergencia y desastre decretados en el país por la Administración de Ortega, y en comparación con las definiciones de ley, esto es lo que encontramos.

Una pandemia sí, otra no

La Organización Mundial de la Salud (OMS), en 2009, declaró la influenza o gripe porcina A (H1N1) como una amenaza nivel cinco para todo el mundo, por lo que en Nicaragua se declaró el Estado de Emergencia Sanitaria, a través de un decreto publicado en el diario oficial La Gaceta, el 29 de abril de 2009. El primer caso se confirmó en el país en junio de ese año. Once días después el virus fue elevado a nivel seis o «pandemia en curso». A nivel mundial, se confirmaron 602,493 casos y 18 282 fallecidos.

Poco más de una década después, el 11 de marzo de 2020, una nueva amenaza elevó la alerta máxima de la OMS. La covid-19, causada por el coronavirus SARS-CoV-2, se extendía por el mundo. Los países declararon Estado de Emergencia y promovieron medidas de prevención como el cierre de sus fronteras y cuarentenas obligatorias.

A nivel mundial, hasta la primera semana de marzo de 2021, la covid-19 ha infectado a más de 116.8 millones de personas y más de 2.59 millones han fallecido, según datos del monitoreo mundial de la Universidad John Hopkins.

En Nicaragua, según datos del Minsa, se han confirmado 6,509 casos y 174 muertes desde el 18 de marzo de 2020 hasta el pasado dos de marzo de 2021. Sin embargo, los datos oficiales han sido ampliamente cuestionados y según del monitoreo independiente del Observatorio Ciudadano COVID-19, hasta el tres de marzo de 2021 se reportaban 13,209 casos sospechosos y 2,997 fallecidos con síntomas asociados a la covid-19.

Sin embargo, el Gobierno de Daniel Ortega continúa sin declarar ningún tipo de emergencia por la pandemia y, contrario a dictar medidas restrictivas para evitar la propagación, ha promovido manifestaciones multitudinarias y propiciado actividades recreativas masivas en todo el país, bajo la excusa de reactivar la economía local a costo de la calidad de salud de sus habitantes. Tampoco el Gobierno ha admitido hasta la fecha la transmisión comunitaria del coronavirus, que fue advertida por la OPS en el país desde finales de mayo de 2020.

Estados de emergencia decretados en Nicaragua
Estados de emergencia decretados en Nicaragua. // Infografía: Chequialo

Un huracán sí, otros dos no

Desde que Daniel Ortega regresó a la Presidencia, en 2007, se han decretado solamente media docena de algún tipo de estado de emergencia. La última declaración de Estado de Emergencia en Nicaragua fue decretada en 2016 por las afectaciones dejadas por el huracán Otto y un terremoto reportado en el mismo periodo de tiempo.

Las afectaciones de mayor consideración provocadas por el huracán Otto fueron 11,678 personas refugiadas, 827 viviendas dañadas, 127 postes de tendido eléctrico afectados, 1,700 metros lineales de tendido eléctrico colapsados y 82.5 kilómetros de carreteras afectados por la caída de árboles y postes. Además, ocho centros educativos, dos centros de salud y ocho delegaciones de gobiernos sufrieron algún daño. No hubo pérdidas humanas. Todo según datos del Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres (Sinapred), publicados en un reporte del desaparecido El Nuevo Diario.

En contraste, en noviembre de 2020, dos huracanes de máxima categoría golpearon el Caribe y el Norte de Nicaragua con menos de quince días de diferencia.

Los daños provocados por el paso de ambos huracanes representaron alrededor de los 742.6 millones de dólares, según datos oficiales, divulgado por el ministro de Hacienda y Crédito Público, Iván Acosta. Además, el Gobierno admitió 21 personas fallecidas a causa de inundaciones y deslaves provocados por el huracán Iota, más de 400,000 personas fueron afectadas y más de 62,000 personas fueron trasladadas a 683 albergues gubernamentales.

Por el impacto de ambos huracanes, 1,200 kilómetros de caminos y carreteras quedaron deteriorados, una extensión más de 14 veces superior a los 82.5 kilómetros de carreteras afectados por el huracán Otto, en 2016.

Sin embargo, el Estado de Emergencia o de Desastre Natural no fue declarado en la víspera, durante o después de los huracanes Eta y Iota. Lo único que el Gobierno activó fue la Alerta Roja para el Caribe Norte y algunos departamentos del Norte; Alerta Amarilla para otras zonas aledañas, y Alerta Verde para toda la nación.

¿Qué son los Estados de alerta y cuándo se deben aplicar?

La Ley Creadora del Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención a Desastres o Ley 337, publicada en abril de 2020, define los tipos de Alertas aplicables en Nicaragua. El color de las alertas varía según la gravedad de lo que está ocurriendo. Estos son los diferentes niveles de alerta:

Alerta Verde

Se declara una vez identificada y localizada la presencia de un fenómeno natural o provocado, y que por su peligrosidad puede afectar o no todo o parte del territorio nacional y de la cual deben tener conocimiento las instituciones del Sinapred y el público en general.

Alerta Amarilla

Se decreta a partir del momento en que se evalúa el fenómeno identificado y éste presenta una tendencia incrementar de forma peligrosa para todo o una parte del territorio nacional. La declaratoria de esta alerta implica que las instituciones y los órganos encargados de operar en la respuesta deben de definir y establecer las responsabilidades y funciones de todos los organismos, sean estos públicos o privados, en las diferentes fases; así como la integración de los esfuerzos públicos y privados requeridos en la materia y el uso oportuno y eficiente de todos los recursos requeridos para tal fin.

Alerta Roja

Se determina cuando se produce un fenómeno de forma súbita y de manera intempestiva causa impacto en parte o en todo el territorio nacional y de inmediato se deben de determinar las medidas de búsqueda, salvamento y rescate de la población afectada, creación de refugios, asistencia médica, evaluación de daños y la determinación de necesidades y la aplicación de los planes de asistencia independientemente de la magnitud del desastre, así como las demás medidas que resultasen necesarias para la preservación de la vida los ciudadanos y del resguardo de los bienes de estos y del Estado.

Estado de Desastre

El Estado de Desastre está contemplado en la Ley de Sinapred y se define como un «estado excepcional colectivo provocado por un evento que pondría en peligro a las personas, afectándoles la vida, la salud y el patrimonio, sus obras o sus ambientes, y que requiere de mecanismos administrativos, toma de decisiones y recursos extraordinarios para mitigar y controlar los efectos del desastre». Esta Ley indica que solamente el Presidente puede decretar el Estado de Desastre, por medio de un Decreto Ejecutivo y puede hacerlo a propuesta del Comité Nacional del Sinapred o por voluntad propia.

Estado de Emergencia

El Estado de Emergencia se define y rige por la Ley número 44 ,“Ley de Emergencia”, que fue publicada en 1988 y es de rango constitucional. La declaratoria del Estado de Emergencia conlleva la suspensión temporal de derechos y garantías constitucionales a personas o empresas, y aunque está ligada a las situaciones de guerra, también contempla otros escenarios, como en los casos de Emergencia Económica o Emergencia Sanitaria.

En el artículo dos dice que «el Presidente de la República, en caso de guerra, cuando así lo demande la seguridad de la nación, las condiciones económicas o en caso de catástrofe nacional, podrá suspender total o parcialmente y en todo o en parte del territorio nacional, los derechos y garantías consagrados en la Constitución Política, a excepción de los enunciados en el artículo 186 de la misma».

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