Nicaragüenses varados en la froentera

No, no se puede ser ilegal en tu propio país, aunque haya una pandemia

Miles de nicaragüenses estuvieron varados por dos semanas en la frontera entre Nicaragua y Costa Rica, impedidos de entrar a su propio país por el Gobierno de Daniel Ortega. Mientras la comunidad internacional y sociedad civil en Nicaragua exigían el respeto a los derechos humanos, la entrada les era negada alegando los nuevos protocolos de ingreso dictados ante la crisis por la pandemia de COVID-19.

Y este no es el primero, ya antes se les negó el ingreso a otros grupos, como los trabajadores de cruceros o residentes en otros países. Se estima que más de 2,000 nicaragüenses han estado varados en algún momento en las fronteras con Costa Rica, Honduras o cruceros.

Pero la interrogante es ¿tiene derecho el Estado a negar la entrada de uno de sus ciudadanos?  ¿Pueden ser considerados como migrantes irregulares o ilegales?

Protocolo del Minsa y los pares centroamericanos

Pese a que el Gobierno de Daniel Ortega y el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) ha minimizado el impacto de la pandemia de COVID-19 desde antes que se presentaran los primeros casos, este ha orientado al Ministerio de Salud (Minsa) y la Dirección de Migración y Extranjería, diseñar y ejecutar protocolos de ingresos al país tanto para extranjeros y nacionales con el fin de prevenir un mayor contagio del virus SARS-CoV-2.

cobro de pruebas de COVID-19 en Nicaragua
Captura de la nota de prensa del Minsa, anunciando el cobro para realizar las pruebas de COVID-19.

Ahora se exige a toda persona procedente del exterior el resultado negativo de la prueba de COVID-19 tomada no más de 72 horas antes del ingreso al país, además de un periodo de seguimiento o cuarentena.

Otros países, como El Salvador, Costa Rica y Honduras, por mencionar a los vecinos más cercanos, también han elaborado protocolos similares, e incluso han determinado sanciones para aquellos que no los cumplan o evadan.

Hasta el momento, en Nicaragua no se han establecido sanciones para quienes no cumplan con estos protocolos.

Otros países asumen costo de pruebas

Otra diferencia es que, en los países vecinos, el Estado ha asumido el costo de la realización de pruebas para la mayoría de sus ciudadanos migrantes, en especial de aquellos que llegan al país como repatriados, es decir, que por la misma crisis provocada por la pandemia quedaron varados en otras naciones o que eran residentes en estas y han decidido regresar.

En el caso de Nicaragua, no hay datos oficiales sobre la realización gratuita de esta prueba para permitir el ingreso de nacionales repatriados. En el caso específico de los migrantes varados en la frontera con Costa Rica, la mayoría de pruebas han sido proporcionadas y realizadas por autoridades costarricenses y organizaciones no gubernamentales.

Las detenciones del Ejército contra migrantes

Según el último reporte brindado por el Ejército de Nicaragua, sobre su trabajo para combatir la pandemia del COVID-19 en el primer trimestre del año, el Ejército ha retenido a 5,125 nicaragüenses.

Según la institución castrense, los migrantes retenidos fueron entregados al Ministerio de Salud (Minsa), para cumplir con el protocolo de ingreso al país dictado por esta institución ante el avance de la COVID-19.

¿Qué dice la Ley?

Según la Ley 761, Ley General de Migración y Extranjería, los nicaragüenses precisan de un “pasaporte o cualquier otro tipo de documento migratorio expedido a su nombre por la Dirección General de Migración y Extranjería (artículo 82)” para poder salir del país y en caso de países con los que se tengan convenios, como los que forman el Sistema de Integración Centroamericana (SICA), la cédula de identidad es válida, limitado al CA-4, que incluye a Nicaragua, Guatemala, Honduras y El Salvador.

Esta Ley también se refiere al documento válido para el ingreso al país de un ciudadano nicaragüense en su artículo 86: “Las personas nicaragüenses, para ingresar al territorio nacional, deberán presentar ante las autoridades migratorias, cualquier tipo de documento migratorio expedido a su nombre por la Dirección General de Migración y Extranjería o por la representación diplomática u oficina consular nicaragüense en el exterior”.

Pero ni en la Ley o su reglamento, se estipula alguna sanción para aquellos nicaragüenses que ingresen al país de forma irregular, ya sea sin el documento válido o evadiendo los puestos fronterizos.

Lo que sí estipula el reglamento, es la capacidad de la Dirección General de Migración y Extranjería de emitir órdenes de restricción migratoria, tanto para nacionales como extranjeros, en su sección cuarta (artículos 144 a 150).

El reglamento, sin embargo, se refiere a restricciones para individuos, cuya solicitud debe ser realizada por organismos facultados (autoridad judicial, policía, ejército, sistema penitenciario y dirección de migración y extranjería) y cumpliendo ciertos requisitos.

Los nicaragüenses a quienes se les ha negado la entrada al país por las restricciones dictadas para evitar el contagio de SARS-CoV-2, finalmente han logrado entrar al país, tras más de dos semanas de espera y con pruebas de COVID-19 facilitadas por la solidaridad internacional. Sin embargo, decenas aún se encuentran varados en el exterior al dar positivo a la prueba, cumpliendo con las cuarentenas respectivas.

A principios de julio, la alta comisionada para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, la chilena Michelle Bachelet, exhortó a los países de América Latina a abrir sus fronteras y permitir el regreso de sus ciudadanos varados. “En virtud del derecho internacional, toda persona tiene derecho a regresar a su país de origen, incluso durante una pandemia“, afirmó Bachelet.

Deja un comentario