Agentes Extranjeros

Iniciativa sobre «agentes extranjeros» en Nicaragua: esto debés saber

La propuesta de Ley de Regulación de Agentes Extranjeros que promueven diputados del gobernante Frente Sandinista en Nicaragua ha causado preocupación dentro y fuera del país, pues consideran que podría convertirse en una herramienta de represión que anularía derechos constitucionales de los nicaragüenses.

Eurodiputados, organizaciones internacionales de derechos humanos y otros gobiernos han expresado sus inquietudes y piden que se considere esta propuesta de ley que actualmente se encuentra en proceso de consulta en la Asamblea Nacional, a través de la Comisión de Economía y Presupuesto.

¿Qué es la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros?

Según la fundamentación, esta propuesta de ley «tiene como objetivo establecer un marco jurídico de regulación a las personas naturales o jurídicas que respondan a intereses y financiamiento extranjero, y utilicen dicho financiamiento para realizar actividades que deriven en injerencia de gobiernos u organizaciones extranjeras en los asuntos internos de Nicaragua, poniendo en riesgo la seguridad de Estado».

En su articulado, esta ley define como “agente extranjero” a toda persona u organización nicaragüense o de otra nacionalidad que reciba fondos, bienes o cualquier objeto de valor de gobiernos, agencias, fundaciones, sociedades o asociaciones extranjeras, sin importar su naturaleza.

Toda aquella persona o empresa que calce en esta definición estará obligada a registrarse como “agente extranjero” ante el Ministerio de Gobernación, que es la institución designada como ente regulador en la misma ley.

A la vez, quien se registre como “agente extranjero”, no podrá participar o intervenir en política interna ni optar a cargos públicos o de elección popular.

Algunas excepciones

La propuesta de ley establece algunas excepciones de personas y organizaciones para ser consideradas como “agentes externos”. Entre estos están:

  • Extranjeros residentes en Nicaragua que reciben pensiones
  • Personas que reciben remesas familiares
  • Empresas productivas o comerciales extranjeras que tengan filiales en el país
  • Fábricas y cadenas de supermercados de inversión extranjera, sus trabajadores y prestadores de servicio, así como las personas que establezcan relaciones comerciales bajo condiciones de acuerdos, tratados y convenios comerciales vigentes.

Manejo de información

Entre las obligaciones de los “agentes extranjeros” estará el rendir informes mensuales al Ministerio de Gobernación sobre los fondos que recibe, su procedencia, para qué serán utilizados y posteriormente cómo fueron utilizados.

Incluso, tendrán que dar información sobre la persona u organización que le dará fondos, información que será considerada como pública.

Esta ley además, una vez aprobada, establecería la prohibición de recibir donaciones anónimas.

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Transgresiones

Esta propuesta de ley estipula que las personas u organizaciones que calcen en la definición de agentes extranjeros, tendrían 60 días para registrarse como tal, una vez publicada la Ley en el diario oficial La Gaceta.

Si el ente regulador, o sea el Ministerio de Gobernación, identifica a un “agente extranjero” notificará al mismo y este tendrá cinco días para registrarse. De no hacerlo, será sancionado.

Las sanciones por el no registro aún no están estipuladas en esta iniciativa, aunque sí se establece que el Ministerio de Gobernación determinará la misma con multas para personas naturales y multas o cancelación de personería jurídica para las organizaciones.

También se establece que el transgresor de ley podrá enfrentar proceso penal si se determina que cometió delitos contra la seguridad del Estado, según las leyes vigentes en Nicaragua.

Además, si la persona u organización se niega a inscribirse, sus fondos y bienes serán intervenidos y sus actividades les serán prohibidas.

Agentes Extranjeros
La Ley de Regulación de Agentes Extranjeros se encuentra en proceso de consulta. Foto: Wikimedia Commons | Dayana Ferraris

¿Qué representa?

Según un análisis del Centro Internacional para la Ley del Sector No Lucrativo (ICNL, por sus siglas en inglés), “el proyecto de Ley es problemático porque no está conforme a los estándares internacionales que garantizan el ejercicio del derecho de asociación que establecen que los Estados deben promover y facilitar el acceso de las organizaciones a fondos de cooperación tanto nacionales como extranjeros, así como abstenerse de restringir sus medios de financiación”.

El ICNL apunta que esta propuesta de ley sigue una tendencia vista en otros países como Rusia, Hungría, Ucrania y Kirguistán, que establecieron restricciones legales para el acceso a fondos extranjeros a organizaciones de la sociedad civil.

Otro gran problema identificado en este análisis es la ambigüedad persistente en la propuesta de ley, pues no deja claras definiciones, limitaciones e incluso el ámbito de aplicación de la misma.

Por ejemplo, en su artículo 12 la propuesta de ley indica que los “agentes extranjeros” “deberán abstenerse de intervenir en cuestiones, actividades y temas de política interna”, pero no se define qué es intervención en política interna.

Multas y sanciones a discreción

De igual manera deja a discreción del Ministerio de Gobernación las multas u otras sanciones a aplicar, incluso la determinación de cualquier persona u organización como “agente extranjero” aún cuando este sea parte de los grupos de excepción.

También resulta preocupante para diversas organizaciones, que esta ley permitiría al Estado cercenar ciertos derechos civiles de los nicaragüenses.

“Si se aprobase este proyecto de Ley, se pondrían en riesgo al mismo tiempo el ejercicio y goce de los derechos a la libertad de opinión y de expresión; la libertad de reunión pacífica y de asociación; y el derecho a defender los derechos humanos, lo cual es incompatible con las obligaciones internacionales que derivan de los acuerdos suscritos por Nicaragua en materia de derechos humanos”, señala el pronunciamiento del Centro por la Justicia y Derecho Internacional (Cejil), que fue firmado por 33 organizaciones nacionales y extranjeras de sociedad civil y derechos humanos.

Estigmatización

Organizaciones de derechos humanos apuntan que esta propuesta de ley crea estigmatización entre los nicaragüenses al dividirlos prácticamente en dos grupos, los ciudadanos nacionales y los “agentes extranjeros”, pues estos últimos incluso perderían sus derechos civiles al ser considerados como tales.

Al determinar la información solicitada a los “agentes extranjeros” como pública, se expone a las personas al escrutinio y la segregación por parte de otros ciudadanos.

“Para entender el alcance de estas disposiciones hay que tomar en cuenta que organizaciones de larga trayectoria de solidaridad con el país como la Asociación de Amistad Sueco-Cubana e incluso a asociaciones que promueven el hermanamiento municipal, como el Hermanamiento Zaragoza-León, deberán no solo registrarse como ‘Agentes Extranjeros’ sino, además, todo su personal (administrativo, contable, de limpieza) en su condición de
empleados o servidores bajo control de un organismo extranjero”, según en análisis del INCL.

«Esto también significaría que todo el personal nicaragüense de estas organizaciones estaría restringido de ejercer su derecho a la participación ciudadana en los asuntos de su interés dada la restricción establecida en el Arto. 12 del Proyecto de Ley”, agrega el análisis del INCL.

El reporte agrega que la clasificación de un grupo tan amplio de personas como “agentes” con lealtad a una entidad o gobierno extranjero solo por su ‘pertenencia a’ o su ‘relación contractual con una OSC’ (organización de la sociedad civil), es una limitación al derecho a la asociación que es considerada como “necesaria en una sociedad democrática».

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