Daniel Ortega sobre la cadena perpetua en Nicaragua

#EsReal | Tratados internacionales no impiden cadena perpetua en Nicaragua

El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo está promoviendo una reforma para establecer la cadena perpetua en Nicaragua como pena contra los «crímenes de odio», según declaró el mandatario el 15 de septiembre de 2020.

Ortega aseguró que Nicaragua es firmante de convenios que prohíben la pena de muerte, pero que estos no aplican contra la cadena de perpetua o vitalicia.

«…Nosotros tenemos un compromiso, somos parte de un convenio internacional donde estamos comprometidos a no aplicar la pena de muerte en Nicaragua, pero no estamos comprometidos a no aplicar cadena perpetua para los criminales», dijo Daniel Ortega, en cadena nacional.

La oposición ha reaccionado contra el anuncio, advirtiendo que el Gobierno intenta castigar con cadena perpetua a quienes le adversan, en una escalada tras la represión y persecución que entre 2018 y 2019 llevó a las cárceles del régimen a más de 800 nicaragüenses y aún mantiene en prisión a más de 90. Ante las implicaciones políticas y civiles de la declaración de Ortega, CHEQUIALO verificó la afirmación de Ortega, que resultó verdadera.

Los convenios y tratados sobre la cadena perpetua

El Estado de Nicaragua es firmante de diversos convenios y tratados multilaterales sobre derechos humanos e incluso sobre el derecho de los privados de libertad, que la oposición y organismos nacionales e internacionales que velan por estos derechos consideran que se han violentado en Nicaragua, sobre todo desde 2018, cuando estalló la protesta cívica contra el Gobierno de Ortega Murillo.

Entre estos tratados están la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, tienen en sus artículos declaraciones similares sobre las penas para las personas.

«Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratamientos crueles, inhumanos o degradantes», se puede leer en el artículo cinco de la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el artículo siete del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y el artículo cinco numeral dos de la Convención Americana de Derechos Humanos.

En la Convención Americana de Derechos Humanos también se agrega en el artículo cinco, numeral seis que: las penas privativas de la libertad tendrán como finalidad esencial la reforma y la readaptación social de los condenados.

Mientras, el Protocolo a la Convención Americana sobre los Derechos Humanos Relativo a la Abolición de la Pena de Muerte, de la que es firmante Nicaragua, no se refiere a la pena de cadena perpetua o vitalicia.

Nicaragua también es firmante de la Convención Interamericana sobre la Extradición, que en su artículo nueve indica que «Los Estados partes no deberán conceder la extradición cuando se trate de un delito sancionado en el Estado requirente con la pena de muerte, con la privación de libertad por vida o con penas infamantes…»

Si bien este artículo muestra claramente la intención de que no se aplique la cadena perpetua, tampoco la prohíbe a los estados firmantes de la misma.

Conclusión: Es real

Aunque los diversos convenios y tratados, se refieren a penas crueles, no establecen de manera expresa la prohibición contra la cadena perpetua como tal.

De igual manera, si bien la Convención Americana de Derechos Humanos dice que la finalidad de las penas privativas de libertad deben ser la reforma y readaptación de los condenados, tampoco dice de manera directa que no se debe imponer la prisión de por vida.

Por lo tanto, la declaración del presidente Daniel Ortega, de que no hay convenios que prohíben al Estado de Nicaragua aplicar la cadena perpetua, es verdadera.

El anuncio de esta reforma, sin embargo, no está exento de polémica, porque mientras desde el Gobierno se argumenta que los “crímenes de odio” que se castigarán con con cadena perpetua son los femicidios y violencia contra las mujeres, las organizaciones feministas, que han sostenido las denuncias de violencia machista por más de 700 femicidios durante la última década, afirman que el interés del Gobierno no es castigar esta violencia, sino recrudecer las violaciones contra los derechos humanos de los nicaragüenses, de las que ellas mismas han sido víctimas.

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